• Javier González de Lara ha manifestado su satisfacción por este acercamiento entre organizaciones que beneficiará a las empresas y a los autónomos andaluces

Los presidentes de CEA y de ATA Andalucía, Javier González de Lara y Rafael Amor respectivamente, se han reunido hoy en la sede de esta última organización en Córdoba para valorar la situación empresarial andaluza y la relación entre ambas entidades. En la reunión han participado también Javier Sánchez Rojas, Vicepresidente de CEA; Antonio Díaz Córdoba, Presidente de CECO; José Luis Perea, Vicepresidente Relaciones Institucionales ATA; y Daniel Muñoz, Secretario General ATA Andalucía.

Al término de la reunión, Javier González de Lara ha manifestado su satisfacción por el resultado de este encuentro que supone “un paso muy importante para sentar las bases de una relación de cooperación y trabajo conjunto estable entre CEA y ATA”, que comparten objetivos y propuestas para lograr “el máximo bienestar económico y social de nuestro entorno a través de la actividad empresarial”.

En tal sentido, el Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía señaló que “estamos convencidos que nuestras organizaciones convergen en un espacio de intereses compartidos, por lo que, tanto las empresas como los autónomos, van a salir muy beneficiados” por el acercamiento de ambas entidades. Como consecuencia de esta sintonía, “damos comienzo –dijo- a una nueva etapa de trabajo conjunto en el que vamos a compartir esfuerzos, ideas e iniciativas”.

Ese trabajo compartido se desarrollará, especialmente, en aquellos aspectos en los que existe una mayor coincidencia y cercanía, a la vez que una relevante demanda por parte de la base asociativa de CEA y ATA Andalucía, como la concreción de propuestas para la promoción de la actividad empresarial y el autoempleo; la adecuada fiscalidad en el ejercicio de las actividades de carácter económica, empresarial y profesional; la atención a las necesidades de financiación para el ejercicio de la actividad; y la efectiva implantación de las medidas de promoción y apoyo al trabajo autónomo.

Javier González de Lara concluyó su valoración de la reunión entre CEA y ATA Andalucía reiterando su convencimiento de que “desde la buena sintonía personal y la buena relación institucional, vamos a ser capaces de construir y sumar una posición conjunta que va a beneficiar a empresas y autónomos, y por tanto, al conjunto de la sociedad andaluza”.

La Excma. Diputación Provincial de Málaga ha colaborado con la Confederación de Empresarios de Málaga subvencionando el proyecto “ACCIONES DE MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE MALAGA 2016”. A través de este proyecto se han desarrollado, a lo largo del año, actividades en torno a tres ejes temáticos: Autoempleo/Creación de Empresas, Responsabilidad Social Empresarial y Competitividad Empresarial.
Con el Club de Emprendedores de Málaga enmarcado en el eje Autoempleo/Creación de Empresas se ha puesto a disposición de emprendedores de la provincia una serie de servicios profesionales y se les ha dotado de formación y herramientas de apoyo efectivas para facilitarles el paso de emprendedor a empresario y que además les permitirán aumentar la tasa de supervivencia de su iniciativa empresarial.
Dentro del ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, el Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables es una iniciativa promovida por la Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación de Málaga que se ha puesto en marcha integrando a las empresas y convirtiéndolas en las protagonistas para motivar y difundir la Responsabilidad Social Empresarial como una forma diferente de hacer negocios. Se han producido momentos de encuentro para intercambios de impresiones, desarrollo de nuevos documentos que afianzan los pilares del foro y se han previsto nuevas iniciativas para desarrollar en 2017.
Dentro del eje de Competitividad Empresarial se ha desarrollado el Proyecto Red de Impulso de Empresas Tractoras con el que se han puesto en relación importantes empresas tractoras del sector productivo malagueño con aquellas que, con menos capacidades y recursos, tienen que incrementar su nivel competitivo para alcanzar unos niveles óptimos en el mercado actual. Se trata de un proyecto de innovación social basado en las capacidades y trayectoria de empresas de referencia de la provincia para animar y afianzar el engranaje económico con la realidad existente: pymes.
Igualmente dentro del eje de Competitividad Empresarial se ha celebrado la cuarta edición de los premios HACEMOS MALAGA, premios empresariales que ponen en valor la figura de la empresa como dinamizadora de la economía y como generadora de empleo.
El proyecto se ha desarrollado a lo largo del año y las actuaciones en el marco del mismo han redundado en el desarrollo económico-social y la mejora del tejido productivo de la provincia de Málaga por lo que desde la Confederación de Empresarios de Málaga manifestamos nuestro agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Málaga por su sensibilidad y apoyo.

La actividad empresarial y los negocios internacionales no se limitan a las grandes compañías multinacionales. Muchas pequeñas y medianas empresas también se encuentran involucradas en este mercado, pues en la actualidad vivimos dentro de un sistema de economía y actividad comercial internacional que resulta cada vez más globalmente integrado.
La revolución de la tecnología de la información y los adelantos en la logística y en el transporte significan que el conocimiento, las personas cualificadas, los bienes y los servicios presentan una gran movilidad. El mundo es ahora, parafraseando a Marshall McLuhan, una aldea global donde los productores de bienes y servicios a menudo compiten en el ámbito doméstico e internacional.
A medida que el proceso de globalización se ha desarrollado, las condiciones de vida han mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin embargo, la opinión en este asunto no es unánime. Algunos consideran que la globalización es un proceso beneficioso, a la vez que inevitable e irreversible. Otros lo ven con hostilidad, incluso temor, debido a que entienden que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos territorios.
Lo que sí está claro es que la apertura y ampliación de los mercados, así como la libre circulación de bienes, servicios y personas, eliminando las fronteras de forma ordenada y mediante acuerdos entre países, supone a la larga un mayor desarrollo social y económico para las sociedades implicadas en estos procesos. Y nuestra UE es un caso paradigmático y un ejemplo a seguir.
Una UE que precisamente ahora no se encuentra en su mejor momento. Situación que coincide con las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, o como es más conocido por su acrónimo en inglés, TTIP. Un futuro Tratado que abre grandes expectativas sobre la influencia que tendría, tanto en la actividad económica y empresarial, como en el empleo.
El TTIP se está negociando entre la UE y EE.UU, para avanzar hacia un mercado único entre ambas regiones, más integrado y más grande y por lo tanto, más favorable para el crecimiento económico, la inversión y el empleo en ambos lados del Atlántico.
La consecución de este Acuerdo sería beneficioso para las pymes al dotarlas de mayor competitividad, sin coste adicional y en muy poco tiempo: eliminando aranceles, disminuyendo trabas burocráticas aduaneras o abriendo nuevas oportunidades como el acceso a la contratación pública norteamericana.
Pero por la parte europea, la situación no ha evolucionado como en principio, estaba previsto. Por un lado, la llegada del Brexit, sacudiendo los cimientos de Europa, reduciendo la prioridad política del TTIP y a la vez excluyendo de la mesa a los británicos, abanderados de la relación con EE.UU. y del libre comercio.
En segundo lugar, están calando los mensajes anti-acuerdo en muchos países, fomentando el sentimiento proteccionista, nacionalista y anti-globalización que aflige a los extractos más damnificados por los efectos de la crisis financiera global del 2008. Incluso en países tradicionalmente partidarios de la relación transatlántica como Alemania, las últimas encuestas, adelantaban que más de dos tercios de la población rechazarían el TTIP.
Sería aventurado por mi parte vaticinar públicamente el resultado final de este proceso. Existen multitud de escenarios posibles: el menos probable es que las negociaciones se concluyan como estaba previsto antes del 2017.
En todo caso, sea posible o no el Tratado en estos momentos, lo importante es que no perdamos de vista la oportunidad que supone la apertura de los mercados, la libre circulación de bienes y mercancías. La UE, en su esfera económica, ha sido, durante décadas, buen ejemplo de todo ello y fuente permanente de prosperidad.

Tras un año de interinidad, por fin ha quedado constituido un nuevo Gobierno en España. Un Ejecutivo que nace en minoría, pero sin haber tenido que hacer, afortunadamente, ningún tipo de concesión a las formaciones nacionalistas presentes en el Parlamento, lo cual sin duda es favorable también para Andalucía y sus empresas.
Los empresarios andaluces valoramos positivamente la labor desarrollada por los partidos constitucionalistas que han tenido el sentido común y la generosidad política de desbloquear la formación del Gobierno y permitir un proceso de investidura.
En tal sentido, es importante que dichos acuerdos tengan en consideración el desarrollo de una serie de principios que para una organización empresarial son irrenunciables: la libertad de empresa, la igualdad de todos los españoles, la unidad de mercado, la garantía de la libre competencia y la solidaridad entre regiones.
Tras un dilatado período de paralización, urge volver a la senda de la gestión política, afrontando los grandes retos que tiene nuestra sociedad, siendo sin duda el principal de todos ellos, la generación de empleo y bienestar social.
A este respecto, convendría recordar que la mejor agenda reformista, la mejor política social, es la generación de empleo y de actividad económica. Una hoja de ruta que no esté vinculada sólo a políticas de gasto, que por otra parte tienen difícil cobertura en un contexto de consolidación fiscal, sino a las políticas de generación de ingresos, de inversión y de actividad económica.
Desde las organizaciones empresariales estamos convencidos de que la agenda de reformas del nuevo Gobierno de España debe tener como objetivo esencial mejorar la competitividad de nuestra economía, contribuyendo a su crecimiento y a la creación de empleo.
Ese objetivo sólo puede lograrse en un país que respete la libertad de empresa, que respete sus instituciones democráticas y que vea en el acuerdo y el consenso la forma más natural de hacer política.
Es importante recuperar el tiempo perdido y ponerse a trabajar de forma inmediata desde la responsabilidad, el diálogo y la negociación, para dar inicio a una legislatura en la que debe primar el interés general y que todos los partidos políticos adopten posiciones negociadas que permitan alcanzar grandes Pactos de Estado.
Junto a ese diálogo entre los partidos, es indispensable recobrar la participación a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Dicha participación es esencial, no sólo en el marco de la legislación vigente que faculta a ello, sino para reforzar la legitimidad política de los acuerdos y para sumar consensos, en un panorama político más polarizado.
Entre los asuntos a desarrollar con carácter prioritario se encuentran, la necesaria aprobación de los PGE para 2017, fijando un techo de gasto y un horizonte de certeza a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, cuyos presupuestos están muy unidos a las decisiones de carácter nacional.
También la puesta en marcha de un programa económico y de reformas, compatible con las exigencias de la UE en materia de reducción y contención del déficit público; las políticas de creación de empleo y de promoción de la actividad empresarial; o la reforma del sistema de financiación autonómico, que debe ir en paralelo a la modernización de nuestro asimétrico modelo fiscal, así como de la siempre pretendida reforma de las AAPP, aún por afrontar.
Se deben abordar, asimismo, las grandes reformas sociales: la reforma del sistema de pensiones, que lo garanticen, y la revisión del mercado laboral, que favorezca el empleo y la contratación. En ambos casos, contando con el Diálogo Social de forma irrenunciable. Sin olvidar un gran Pacto por la Educación, que siente las bases del modelo para un horizonte temporal a medio y largo plazo.
En definitiva, un nuevo Gobierno para un nuevo tiempo, que requiere afrontar con valentía, de manera inmediata y decidida los retos que este País necesita.