6 de julio de 2020.

Comparecencia del Presidente de CEA ante la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía del Parlamento de Andalucía.

El Presidente de CEA propone en el Parlamento de Andalucía una batería de 15 medidas para la reactivación económica y social.

El Presidente de CEA, Javier González de Lara, ha comparecido en el día de hoy, ante la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social del Parlamento de Andalucía, para insistir en que cualquier política y medida de reactivación económica debe adoptarse necesariamente en el contexto del Diálogo Social.

El Diálogo Social, ha comentado, es la mayor infraestructura social de un territorio, y por tanto, más necesario que nunca para afrontar los grandes retos económicos y sociales que ha creado la pandemia por COVID 19.

Al respecto, ha señalado que es la propia OIT, Organización Internacional del Trabajo, la que viene realizando dicha afirmación dado su convencimiento de que es la forma necesaria para armonizar los intereses de empleadores y trabajadores y lograr así una reactivación económica y social más eficaz.

Asimismo, el Presidente de CEA ha recordado los antecedentes recientes que en España ya se están sucediendo, como el Acuerdo suscrito el pasado viernes, 3 de julio, a nivel nacional.

Tras lamentar el profundo daño que sobre la salud y la vida de las personas tiene esta pandemia, ha recordado que en los 100 días de Estado de Alarma han sido muchísimas las empresas y autónomos que dejaron de facturar y muchos otros los que han visto significativamente modificada su forma de producir, por lo que el impacto sobre las empresas ha sido muy significativo.

Por parte de CEA se ha propuesto una batería de 15 medidas tendentes a prevenir el impacto de posibles rebrotes, facilitar liquidez y financiación a las empresas, impulsar la actividad económica y, en general, adoptar medidas de estímulo económico.

En concreto, se han propuesto las siguientes medidas:

– Medidas de prevención sanitaria: Por encima de todo, hay que garantizar la salud de las personas, para lo cual se deben incrementar los recursos humanos y técnicos, para evitar posibles colapsos o desabastecimientos de elementos y equipos sanitarios esenciales.

– Se debe fortalecer la garantía de los derechos sociales, sin discriminar entre provisión pública o privada, porque lo importante es la garantía del derecho, no su prestador.

– Impulsar la iniciativa empresarial. Hay que relanzar el empleo y la actividad empresarial porque sin empresas no hay empleo y, por tanto, es muy difícil el bienestar social.

– Reforzar la seguridad jurídica. Hay que recuperar la estabilidad normativa, reduciendo obligaciones legales y trámites innecesarios.

– Comunicar, generando confianza. Es imprescindible que los mensajes sean positivos y transparentes. Es el momento de la máxima transparencia con una actitud social proactiva.

– En el ámbito laboral reforzar las políticas activas de empleo, recuperar la formación para el empleo (hoy día muy cuestionada por la decisión del Estado de retirar los fondos finalistas) y continuar con la agilidad en las tramitaciones de ayudas. Y seguir manteniendo políticas de flexibilidad que faciliten la recuperación del empleo.

– Incrementar y mantener la inversión pública e incentivar la privada. Es el momento de poner en carga inversiones, como las relacionadas con las infraestructuras hídricas que tanto se necesita. Apoyando la colaboración público-privada.

– El impulso a la atracción de inversiones, haciendo realidad propuestas legislativas vigentes, como la Ley de Proyectos Estratégicos de Andalucía o la de Agilización de trámites y simplificación administrativa, que tienen que hacer de nuestro territorio un lugar más confortable para el inversor.

– Mantener y reforzar las medidas de apoyo financiero a las empresas, especialmente las líneas ICO y de GARÀNTIA SGR que se están mostrando especialmente eficaces.

– Seguir insistiendo en medidas fiscales, que faciliten la liquidez y tesorería a las empresas, tras un período de facturación casi inexistente.

– El impulso a la digitalización, que en sectores como el comercio, la salud o la educación, se han impuesto de forma sobrevenida y que necesitan un mayor grado de profesionalización y desarrollo en su ejecución. Todo ello sin olvidar el teletrabajo, que ha venido para quedarse.

– Junto a todo ello, impulsar medidas para hacer efectiva “la revolución verde”. Medidas como las normas de economía circular y residuos, que son de obligado cumplimiento, pero también una oportunidad creciente de actividad económica en Andalucía.

– Afrontar la elaboración e impulso de “planes de choque” directos para sectores como el turismo o el industrial, para generar el mantenimiento de nuestro dinamismo económico y paliar su posible deterioro.

– Seguir impulsando la internacionalización de nuestras empresas y productos, fomentando nuestras fortalezas y trasladando una imagen de seguridad y salud que los mercados demandan.

– Y culminar el proceso de representación institucional en Andalucía. Si algo ha demostrado esta crisis, es la labor fundamental de las Organizaciones empresariales, que requieren que de una vez por todas se cumpla el Estatuto de Autonomía, y se apruebe una Ley de Participación Institucional que dote de seguridad y certidumbre a las Organizaciones más representativas y a la propia Administración de la Junta de Andalucía, en sus relaciones con los agentes económicos y sociales.

Medidas de carácter competencial propio de Andalucía, que se deben impulsar en el marco del Diálogo Social, pero que deben ir acompañadas de otras cuestiones, propias de ámbitos competenciales distintos, y que van a incidir en la recuperación como son:

– Una política laboral flexible, que facilite la adaptación de las empresas a las nuevas circunstancias económicas y sociales.

– Facilitar la empleabilidad de las personas, su adaptación a las nuevas demandas del mercado.

– Una política fiscal que facilite la liquidez de las empresas y que sea consecuente con la situación actual. Lo que hemos denominado una fiscalidad más generosa con las empresas.

– Y un “reparto realmente equitativo” de los fondos de carácter nacional destinados a la reactivación, sin olvidar la relevante reforma del sistema de financiación autonómica, claramente perjudicial para Andalucía y aún pendiente de desarrollo.

Todas estas medidas deben tener en su desarrollo, como elemento central, la consideración de la empresa como factor estratégico para la reactivación, pues sólo desde la promoción  empresarial es posible recuperar la actividad y el empleo que la pandemia ha puesto en serio peligro, y recuperar por tanto los niveles de bienestar que Andalucía iba alcanzando antes de esta crisis.