Málaga, 9 de mayo de 2025
La Confederación de Empresarios de Málaga – CEM ha presentado esta mañana su Informe Socioeconómico de la Provincia de Málaga 2024-2025 y propuestas para la competitividad empresarial, producido con la colaboración de Unicaja. Un documento de análisis que abarca el desarrollo socioeconómico del ejercicio 2024 y conecta con el ya iniciado 2025, con perspectiva y expectativas sobre cómo se comportará la economía en la provincia de Málaga, vinculada con el contexto regional, nacional, europeo y global.
Este informe repasa los principales sectores de actividad económica de la provincia, además de otras métricas vinculadas a la creación de empresas o la generación de empleo, conforme a los datos y resultados del pasado año, y principios del presente, apuntando los retos, desafíos y demandas empresariales que influyen en el crecimiento económico y la competitividad de nuestro tejido productivo.
Como punto de partida, en términos generales, valora positivamente los resultados económicos del ejercicio 2024 en la provincia de Málaga, con una tasa de crecimiento del PIB del 3,7%, por encima de las medias andaluza y española (del 3,3% y el 3,2% respectivamente) y considerablemente por encima de la europea (situada en torno al 0,9%).
Por otra parte, destaca el liderazgo malagueño en la creación de empresas en Andalucía, agrupando una de cada tres sociedades creadas en la región, situándose como tercera provincia española más dinámica en este sentido, tras Madrid y Barcelona, generando 20,6 sociedades diarias. Un liderazgo que, como viene siendo habitual, se fortalece con el alta de trabajadores autónomos, como punta de lanza regional.
El informe se refiere también a la contribución fiscal de la provincia, incidiendo en que Málaga continúa siendo, con diferencia, la provincia que más aporta a las arcas tributarias andaluzas, contribuyendo con el 33% de la recaudación autonómica. En el plano nacional, es la séptima provincia en la que más impuestos de ámbito estatal se recaudan.
Todo ello, como expresa este análisis, fruto de un dinamismo y actividad empresarial que ha vuelto a marcar cifras récord para el empleo, cerrando el año, según la EPA del cuarto trimestre, con 743.100 ocupados y una tasa de paro del 12,76%, casi cuatro puntos inferior a la del año anterior. Además, 2024 marcó, mes a mes, una comparativa interanual positiva y creciente tanto de afiliación a la Seguridad Social como de reducción del desempleo.
CEM destaca, también, la evolución y crecimiento de la actividad exportadora de la provincia, marcando en 2024 un nuevo récord en su balanza comercial, con una subida del 1,6%, con el protagonismo de las exportaciones agroalimentarias o la producción de bienes de equipo asociada al sector tecnológico.
Por sectores, parte del turismo como referente, ahondando en su progresiva desestacionalización, y valora negativamente los resultados del sector agrícola y ganadero, castigados por la sequía en 2024, además de otros factores de ámbito regulatorio, fiscal o laboral. Por otra parte, muestra el notable dinamismo de la construcción, especialmente en el último tramo del año, advirtiendo de las dificultades que encuentra el sector debido a la lentitud administrativa para la disponibilidad de suelo.
Además, analiza otros sectores como el comercio, el transporte o la logística y, por supuesto, el tecnológico, situando a la provincia como polo referente del sur de Europa, atrayendo inversión y proyectos prometedores. En este sentido, destaca los resultados registrados en Málaga TechPark, con aumento del 21% de la facturación de las empresas que operan en su parque empresarial.
Perspectivas para el año 2025
El informe prevé un crecimiento más atenuado que en 2024, situando la provincia en torno al 2,8% del PIB y comportándose, nuevamente, mejor que su entorno. Ante todo, se enmarca en un clima de incertidumbre, ante un contexto económico y político global de máxima tensión, marcado por los conflictos arancelarios (especialmente, entre EE.UU. y China), a la espera de conocer el escenario definitivo de las relaciones comerciales con Europa y su impacto en las exportaciones de nuestra provincia. Y, también, los conflictos geopolíticos en torno a Ucrania y Oriente Medio.
Por su parte, CEM destaca los principales retos y desafíos de la provincia. En primer lugar, la inversión en infraestructuras, en base a la movilidad del área metropolitana de Málaga y en determinadas comarcas, dado su notable déficit de conectividad. También, en materia de agua, como anticipación a futuras y cíclicas situaciones de sequía, a pesar de que 2025 haya comenzado con garantías de ser un buen año hidrológico.
Además, se incide en la falta de disponibilidad de suelo productivo, tanto industrial como logístico y de oficinas, clave para el crecimiento económico de la provincia y la atracción de inversiones. Y, además, el necesario impulso de la vivienda, a través de la construcción y de la dinamización del alquiler, con el incentivo de fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios.
Propuestas para la competitividad empresarial
El documento incluye 135 propuestas de impacto en la competitividad del tejido empresarial. Estas medidas abarcan el sistema tributario, en torno a la reducción de la presión fiscal, la estabilidad o la simplificación, además de la gestión de la administración pública, sobre su optimización, agilidad o disciplina presupuestaria.
Otros temas tratados se refieren a un plan estratégico de inversión en infraestructuras, a medio o largo plazo, el impulso de las energías renovables y la reducción de nuestra dependencia exterior, además de la promoción de la internacionalización de las empresas, diversificando los mercados exteriores.
Respecto del mercado de trabajo y otros aspectos sociolaborales, CEM pone el foco en el respeto al Diálogo Social y la negociación colectiva, promoviendo la flexibilidad laboral y un pacto por la formación que asegure sea más eficaz y alineada con las demandas del sector productivo.
Concluye el informe abordando aspectos como la corresponsabilidad en la conciliación laboral y familiar, el impulso de un Pacto de Estado por la Vivienda, la puesta en marcha de estrategias para el equilibrio demográfico, así como una gestión de la sostenibilidad que facilite el cumplimiento normativo a las pymes, a la vez que se evalúe el impacto económico de los aspectos regulatorios en nuestra economía.
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