10 de diciembre de 2019.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía residen alrededor de 8,5 millones de personas, un dato que la sitúa como la región más poblada de España, con una densidad demográfica que supera la media nacional.
Entre todos ellos, un 17% no alcanza la edad mínima para poder incorporarse al mercado laboral. Del resto, compuesto por unos siete millones de andaluces, solo cuatro forman parte activa del mercado de trabajo. Cuatro millones de andaluces entre los que aproximadamente el 80% tienen empleo y entre éstos, casi dos de cada diez lo hacen por cuenta propia, es decir, asumen en primera persona el riesgo de la actividad empresarial.
En síntesis, hay más de 530.000 andaluces que han optado por ser empresarios y autónomos, arriesgando su patrimonio para generar actividad económica. Empresarios, que en número, superan así los registros de antes de la crisis, lo cual es sin duda una buena noticia para todos, y un precedente imprescindible para seguir proyectándolo hacia el futuro.
Pero son estos hombres y mujeres de empresa los que tienen la obligación, y el derecho, de generar empleo y contribuir al bienestar general en un entorno adecuado. Y éstas son, también, las personas a las que el Instituto Nacional de Estadística les pregunta sobre cómo ven el futuro, tanto de su actividad, como del entorno en el que se desarrollan.
A día de hoy tenemos que advertir que ese futuro comienza a verse con un menor optimismo. Por primera vez desde el inicio de la recuperación económica, se observa un empeoramiento en la percepción de las expectativas a futuro por parte de las empresas.
Una circunstancia que, por otra parte, concuerda con los resultados de los pronósticos de otoño sobre la evolución de la economía española y andaluza de los principales servicios de estudios, en los que se apunta a una desaceleración, mayor a la prevista a primeros de año, en la evolución de las actividades económicas.
Estudios, además, elaborados antes de conocerse los resultados de las últimas Elecciones Generales y de las consecuencias derivadas de las mismas y de las que los empresarios españoles, a través de CEOE, están manifestándose con gran claridad. En este contexto, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía somos conscientes de que es necesario impulsar la toma de decisiones que promuevan la actividad empresarial.
Entre esas iniciativas adquieren un papel central materias como la estabilidad institucional y territorial de España, hoy día sometida a cuestión, por una parte, por la profunda dificultad para garantizar la constitución de una mayoría de Gobierno suficiente; y por otra, por la ruptura de la legalidad que constantemente se promueve desde una Comunidad Autónoma secesionista e insolidaria.
Asimismo, no podemos dejar en el olvido cuestiones sustanciales en la política nacional como, por ejemplo, que a día de hoy la estrategia presupuestaria del Estado se sustente en un proyecto del 2017; o que cuestiones como el modelo de financiación de las CC. AA. o el sistema nacional de pensiones no se afronten, a pesar de los graves problemas existentes entorno a ambos temas. Todo ello sin olvidar las numerosas directivas y normas que requieren de trasposición y desarrollo en un contexto, cada vez más complejo para la actividad de las empresas.
Un entorno, al que tampoco son ajenos los acontecimientos de índole internacional, con medidas como los incrementos de aranceles para determinados productos españoles; o incertidumbres generadas por circunstancias como el Brexit, que afectan muy directamente a nuestra economía.
Andalucía, y sus empresas, tienen ante sí un panorama que requiere de acciones concretas e inmediatas. Las previsiones y los anuncios que emanan del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía parecen ir en una línea positiva, pero se requiere su concreción y puesta en marcha inmediata.
La idea tantas veces repetida de hacer de Andalucía un lugar idóneo para la inversión, debe concretarse a través de los mecanismos legales oportunos, y debe hacerse al más corto plazo para, precisamente, consolidar los buenos datos de actividad empresarial en nuestra Comunidad alejando esos fantasmas y apuntes pesimistas que en algunos casos se están comunicando y calan en el imaginario colectivo.
Hay iniciativas muy interesantes y largamente demandadas por el mundo empresarial, como las relativas a simplificación normativa y agilización de trámites, o el reforzamiento de la Ley de Proyectos Estratégicos que van en la línea correcta y que, una vez estén plenamente vigentes, serán de una gran oportunidad y facilitarán la atracción y consolidación de inversiones a nuestra Comunidad.
A ello hay que unir otra noticia positiva como es el esperado acuerdo presupuestario para el ejercicio 2020 en Andalucía, que debe contribuir a fortalecer no solo la gestión pública de los derechos sociales de los andaluces, sino también la inversión productiva que la Administración debe acometer en nuestra Comunidad.
Andalucía debe ser una sociedad más empresarial para así garantizar su futuro. Necesitamos que los tiempos administrativos se adapten a los tiempos empresariales, para construir una sociedad más eficiente, solidaria, desarrollada y productiva.
Javier González de Lara y Sarria.