El Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, mantuvo ayer un encuentro con la Junta Directiva de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), que preside Luis Osuna Hervás, en el que se analizaron las amenazas legislativas que actualmente se ciernen sobre el sector de la distribución alimentaria en Andalucía en base a cuatro leyes de carácter transversal que está tramitando la Junta de Andalucía: ley de cambio climático; ley de agricultura y ganadería; ley de promoción de la vida saludable y alimentación equilibrada; y ley de movilidad sostenible.
Los contenidos de esas leyes, unidos a las medidas recientemente aprobadas por el Estado en relación a costes sociales y salariales para las empresas, generan un horizonte de complejidad para la sostenibilidad económica de las empresas del sector, dada su alta sensibilidad a situaciones que afecten a sus costes de explotación.
El Presidente de CAEA, Luis Osuna trasladó al Presidente de CEA la especial preocupación por la conjunción de estas circunstancias pues el sector de la distribución alimentaria está sometido a una elevada competencia que ha reducido al máximo los márgenes comerciales, por lo que, según Luis Osuna, el sector está muy preocupado ante el posible impacto negativo que las leyes que actualmente está tramitando la Junta de Andalucía pueda tener en nuestras empresas, que podrían romper la necesaria unidad de mercado creando nuevas cargas económicas y administrativas y, en definitiva, agravios comparativos con respecto a los operadores de otras comunidades autónomas.
Por su parte, el Presidente de CEA, Javier González de Lara, destacó que en Andalucía actualmente existen una veintena de proyectos de ley en distintos grados de desarrollo que tienen incidencia en la actividad de las empresas y que, en muchos casos, además incorporan nuevas obligaciones económicas, tanto a través de la creación de nuevos tipos fiscales, como de costes directos de inversión para las empresas.
Estos proyectos normativos tienen una clara incidencia sobre los distintos sectores de actividad económica, generando situaciones de incertidumbre que penalizan la capacidad de planificar actuaciones y la posible atracción de inversiones, en un momento especialmente complicado dado que se pueden lastrar las favorables expectativas económicas generadas,
Ambas organizaciones apuestan por un mayor diálogo social y máximo consenso para que estas normas no perjudiquen a las empresas andaluzas y al empleo. En concreto, el presidente de CAEA concluyó indicando que es necesario el máximo consenso con el sector, que está plenamente comprometido con el cambio climático, la eficiencia energética, la economía circular, una cadena de valor cada vez más equitativa, la promoción de la vida saludable, la alimentación equilibrada y la movilidad sostenible, pero no podemos permitirnos frenar el inicio del crecimiento, aunque lento, que ha mostrado el sector en los años 2015 y 2016, porque se frenaría igualmente la creación de empresas y empleo en la región.
En la actualidad, CAEA está conformada por 29 empresas, 382 sociedades, 9.129 establecimientos comerciales, 114.000 empleados a nivel nacional (el 80% de carácter estable), 5.830 franquiciados o socios y 250 plataformas logísticas, con un volumen de 25.222 millones de euros de facturación, 4 millones de metros cuadrados de superficie comercial y 1,1 millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística.
