Los datos conocidos hoy correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, suponen, en opinión de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), un considerable incremento de la tasa de paro, tanto a escala provincial como regional y nacional.
En la provincia de Málaga el desempleo pasa de un 33,07 por ciento en el tercer trimestre de 2012 al 35,29 por ciento del cuarto trimestre, lo que supone 2,22 puntos más. En la comparativa interanual, se produce un incremento de 3,69 puntos, una escalada muy alta que proyecta la cifra del total de desempleados a 275.400 personas, situándose como la séptima provincia española con la mayor tasa de paro y la sexta de Andalucía.
La tasa de desempleo en la Comunidad Autónoma pasa del 35,42 por ciento del tercer trimestre de 2012 al 35,86 por ciento en el cuarto, aumento que se traduce en una cifra total de desempleados de 1.442.600 personas.
La tasa de paro nacional alcanza ya el 26,02 por ciento, situándose el número total de desempleados en 5.965.400 personas.
Hay que constatar que el aumento de 12.500 parados más en nuestra provincia, después de dos trimestres a la baja en el número de desempleados es, en opinión de CEM, una cifra extraordinariamente alta; además, la cifra de ocupados suma 504.900, el nivel más bajo desde que se inició la crisis, tras caer esta población ocupada en 27.100 personas, y teniendo en cuenta que la población activa ha disminuido en diciembre de 2012. No obstante lo anterior, Málaga es la segunda provincia con menos desempleo en proporción a su población activa.
El sector servicios es, con diferencia, el que acusa más la subida del paro, y este sector es el de mayor importancia en el conjunto de sectores productivos.
CEM entiende que este nuevo repunte del paro en nuestra provincia, pero también en el ámbito andaluz y nacional, debe servir de llamada de atención urgente a las distintas Administraciones a completar reformas pendientes en la política económica general pero, sobre todo, para arbitrar medidas de choque que incentiven la contratación, disminuyendo los costes sociales que hoy implica; asimismo, debe favorecerse decididamente el crédito a familias y pymes por parte de las entidades financieras; reducir la insoportable morosidad de las Administraciones Públicas con sus proveedores; agilizar al máximo los trámites necesarios para la creación de empresas y, en general, favorecer el empleo mediante el apoyo a pymes y autónomos con todas las medidas posibles a disposición de los poderes públicos.
