Tras la difusión, en el día de hoy, de los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) referidos a las cifras de paro, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), considera que se trata de datos congruentes con la tendencia al alza que suele producirse en el primer mes del año en la provincia de Málaga, repunte en el que son perceptibles los efectos de la temporalidad turística, por el fin de la campaña de Navidad.
Según el SAE, el número actual de personas en situación de desempleo en la provincia es de 208.112. Se registra así un aumento de 5.400 personas respecto al mes anterior.
Cabe destacar la perspectiva interanual: la diferencia entre enero de 2014 y el mismo periodo del año anterior es de 6.332 desempleados menos. Se repite así el comportamiento a la baja que ya se observó en el mes de diciembre.
En el conjunto de Andalucía aumenta también el número de desempleados (26.073). Respecto al ámbito nacional, se registran este mes 113.097 personas más en paro.
A la vista de los datos, CEM insiste en la importancia de apostar por el desarrollo de iniciativas que promuevan una industria turística y un sector comercial menos afectado por factores estacionales, que sirvan como pilares de empleo durante todo el año para nuestra provincia.
Si bien se puede prever -tras el análisis de las cifras proporcionadas por el SAE, apoyadas por otros indicadores de coyuntura-, una leve mejora de la situación socioeconómica general, que deberá consolidarse a lo largo del año, CEM reitera que, para que la recuperación sea efectiva y sólida, deben adoptarse medidas que estimulen la confianza y el consumo de familias y empresas, como fuente primordial de riqueza y generación de puestos de trabajo.
En este sentido,resulta imprescindible la existencia de un marco estable para la inversión, y que las empresas tengan de nuevo acceso al crédito, con el fin de poder crear empleo. A esta tarea contribuyen de manera desfavorable las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, puesto que traerán como consecuencia un impacto negativo en la competitividad de las empresas y en el mercado de trabajo, por el incremento de costes laborales que suponen.
