El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confrederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes de la CEA, Manuel Ángel Martín López, presentaron ayer en la sede de la organización empresarial andaluza el Informe que ha promovido y realizado la Confederación sobre la Reforma Fiscal, y que se titula “Consideraciones y prioridades empresariales en relación con la reforma fiscal”. Este documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo CEA sobre Fiscalidad, constituido en el seno del citado consejo empresarial.
El documento consta de seis capítulos: introducción, la perspectiva empresarial, prioridades empresariales en materia de reforma fiscal, la propuesta del Gobierno para la reforma fiscal, consideraciones y propuestas empresariales y, por último, las conclusiones. En los trabajos de desarrollo de este informe han participado representantes empresariales de organizaciones territoriales y sectoriales integradas en la CEA, así como expertos de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide, todos miembros del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes de la Confederación.
Javier González de Lara, antes de la presentación del contenido del informe, queso realizar una breve reflexión, como presidente de la CEA, sobre la reforma fiscal y la situación tributaria en nuestro país en relación con la empresa y la actividad productiva. En este sentido, dijo que, en la actual situación económica e institucional, “resulta prioritario generar entornos y marcos competitivos desde las ópticas institucional, empresarial, regulatoria y administrativa, para que se facilite la productividad y la competitividad de las empresas y se incremente la inversión, tanto interna como externa”. En esta línea, el presidente de la CEA explicó que “una de esas grandes trabas para el desarrollo de las empresas, en un nuevo escenario en el que se vislumbra la recuperación económica, es la presión fiscal, tanto por su incidencia directa, como por el impacto que ocasiona en la restricción del consumo”.
Por ello, la denominada reforma fiscal debe, a juicio de la CEA, abordar en su desarrollo ambos asuntos: rebajar la presión y aumentar el consumo, y corregir una de las principales ineficacias del sistema fiscal español: su heterogeneidad, dispersión y atomización, para lograr así una verdadera unidad de mercado. En definitiva, la reforma fiscal ha de estar orientada en la disminución de la alta presión fiscal y en promover un sistema tributario más justo y eficiente.
En cuanto a la reforma fiscal en sí, Javier González de Lara adelantó que los objetivos que la inspiran “parecen ir en la dirección que venimos reclamando desde las organizaciones empresariales, al pretender reducir la presión fiscal ejercida sobre la actividad y el empleo, y mejorar la tributación sobre el ahorro y la inversión”. Aunque matizó que queda por “determinar en qué medida o grado se logran dichos objetivos, así como los efectos sobre la consolidación de las finanzas públicas, que es una cuestión de primer orden para Bruselas”.
El presidente de la CEA recordó que esta reforma se encuentra en la fase final de su tramitación y que habrá que estar expectantes respecto al desarrollo normativo de esta propuesta, así como en especial, desde Andalucía, a las negociaciones consecuentes en torno al modelo de financiación autonómica. Javier González de Lara apostilló que ésta es “una de las cuestiones que había que clarificar y ordenar y que ha sido muy demandada por las empresas y sus organizaciones empresariales”. Sin embargo, a juico de la CEA, se ha quedado fuera del proyecto de reforma, como también ha ocurrido con las actuaciones tendentes a reducir los costes laborales derivados de las cotizaciones sociales, o a reducir la complejidad y litigiosidad que emana del funcionamiento del propio sistema tributario: “es prioritario simplificar las relaciones entre administración tributaria y empresa”.
La persistencia e intensidad de la crisis ha puesto de relieve las debilidades del sistema tributario español. Un sistema que en estos últimos años se ha mostrado incapaz de ayudar a captar los recursos públicos necesarios para mantener en funcionamiento el Estado de Bienestar español, y que se necesitaba, al mismo tiempo, para poder articular medidas de política económica expansiva que viniesen a dinamizar la actividad productiva y el empleo en nuestro país.
Por ello, Javier González de Lara aseguró que, desde las organizaciones empresariales, “seguiremos insistiendo en el desarrollo de una amplia reforma fiscal, que promueva un sistema tributario justo, eficiente y estable, acompañado de una profunda simplificación normativa, de la mejora de las fórmulas de colaboración con la Administración, y del establecimiento de criterios interpretativos que reduzcan, como ya hemos dicho, la excesiva litigiosidad que padecemos”.
Por último, el presidente de CEA dijo, a modo de conclusión y desde la perspectiva empresarial, que “el espíritu inspirador de la reforma del sistema fiscal español debe ser el fomento de los factores que promueven la competitividad de nuestras empresas, incidiendo, asimismo, en la simplicidad y estabilidad de nuestro marco legal y en la eficiencia en el funcionamiento de nuestro sistema tributario”. Por tanto, resulta necesario que el sistema tributario proporcione “seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades, se diseñe con vocación de permanencia, y venga acompañado de una sensible mejora de los procedimientos para la resolución de conflictos interpretativos”.
