Los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) referidos a las cifras de paro, muestran el comportamiento favorable propio de esta época del año, resultando también de interés la comparativa interanual.
Según el SAE, actualmente se registran 173.878 parados en Málaga. Se produce así una disminución de 4.735 personas en relación al mes anterior.
Respecto a la comparativa interanual: la diferencia entre mayo de 2016 y el mismo periodo del año anterior es de 11.351 desempleados menos.
En el conjunto de Andalucía, disminuye también el número de personas demandantes de empleo (-21.388).
Según los datos referidos al ámbito nacional, se contabilizan 119.768 personas menosen paro, tratándose del mayor descenso en un mes de mayo de toda la serie histórica y mostrando por primera vez desde 2010 cifras inferiores a los cuatro millones de parados.
Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 8.414 personas en Málaga. En términos interanuales, la provincia registra un incremento de 15.596 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Los datos citados reflejan el comportamiento habitual del mes de mayo, en el que tradicionalmente se produce un descenso de las cifras de paro, impulsado por las contrataciones propias de estas fechas en el sector servicios.
Sin embargo, debe mencionarse que en el periodo registrado todos los sectores productivos han contribuido a este decremento.
Es importante también destacar la perspectiva interanual, que confirma una evolución favorable en los datos de paro en la provincia.
A la vista de los datos, CEM reitera la importancia de priorizar aquellas medidas que supongan un estímulo a la generación de empleo, que es actualmente la principal preocupación de los ciudadanos malagueños.
Necesitamos consolidar el crecimiento, generar confianza en el mercado y, como consecuencia de todo ello, alcanzar nuestro reto más urgente, que no es otro que la creación de puestos de trabajo.
Para ello, es fundamental que se propicie el estímulo de la actividad empresarial y el flujo crediticio, las inversiones productivas, las políticas activas de empleo, la formación continua y, en definitiva, la dinamización del mercado laboral.
Todo ello, sin olvidar la urgencia de favorecer un marco político e institucional estable, que genere la confianza necesaria para garantizar seguridad jurídica y atracción de inversiones en nuestro país.
