Tras la difusión, en el día de hoy, de los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) referidos a las cifras de paro, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), considera que continúan mostrando una tendencia favorable, si bien se ralentiza el ritmo de recuperación del empleo que venía produciéndose en los últimos meses.
Según el SAE, actualmente se registran 178.613 parados en Málaga. Se produce así una disminución de 1.816 personas respecto al mes anterior.
Respecto a la comparativa interanual: la diferencia entre marzo de 2016 y el mismo periodo del año anterior es de 9.840 desempleados menos.
En el conjunto de Andalucía, disminuye también el número de personas demandantes de empleo (-15.522), resultando la Comunidad Autónoma en la que más baja el paro.
Según los datos referidos al ámbito nacional, se contabilizan en marzo 83.599 personas menosen paro, 
tratándose del tercer mejor registro en un mes de abril desde el inicio de la serie histórica.
Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en abril en 9.939 personas en Málaga. En términos interanuales, la provincia registra un incremento de 13.266 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Los datos citados reflejan el comportamiento habitual del mes de abril, en el que tradicionalmente se produce un descenso de las cifras de paro, impulsado por las contrataciones propias de estas fechas en el sector servicios. Debe, sin embargo, reseñarse que, en esta ocasión muestran el menor descenso que se ha registrado en un mes de abril desde 2010, reflejando una ralentización en el proceso de recuperación del empleo que veníamos observando.
En este sentido, reiteramos la importancia de que, con el visible liderazgo de sectores pujantes de nuestra economía, como los servicios y especialmente el turismo, se continúe favoreciendo el desarrollo de sectores en alza como el agroalimentario o el tecnológico, auténticas apuestas de futuro para el crecimiento y la generación de empleo en nuestra provincia.
Además, es preciso que se propicie el estímulo de la actividad empresarial y el flujo crediticio, las inversiones productivas, las políticas activas de empleo, la formación continua, y en definitiva la dinamización del mercado de trabajo.
Todo ello, sin olvidar la urgencia de favorecer un marco político e institucional estable, que genere la confianza necesaria para garantizar seguridad jurídica y atracción de inversiones en nuestro país.
