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CEM valora los datos de paro registrado

Los datos difundidos hoy por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) referidos a las cifras de paro, pueden ser calificados como acordes a la tendencia favorable seguida por el mercado de trabajo en los últimos meses.

Según el SAE, actualmente se registran 146.309 parados en Málaga. Se produce así un descenso de 6.139 personas en relación al mes anterior.

Respecto a la comparativa interanual: la diferencia entre junio de 2017 y el mismo periodo del año anterior es de 19.783 desempleados menos.

En el conjunto de Andalucía, también desciende el número de personas demandantes de empleo (10.324).

En el ámbito nacional, se contabilizan 98.317 personas menos en situación de desempleo.

Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en Málaga en 7.607 personas, registrándose un total de 592.490 cotizantes.

En términos interanuales, la provincia tiene ahora 32.320 afiliados más que en junio de 2016.

Los datos citados reflejan el comportamiento habitual del mes de junio, en el que tradicionalmente se produce un descenso de las cifras de paro, impulsado por las contrataciones propias de estas fechas en el sector Servicios.

Sin embargo, debe mencionarse que en el periodo registrado todos los sectores productivos han contribuido a este decremento.

Es importante también destacar la perspectiva interanual, que constata la evolución favorable en los datos de paro en la provincia.

CEM reitera la importancia de alcanzar nuestro reto más urgente, la creación de puestos de trabajo, como pilar de crecimiento y consolidación para nuestra provincia.

Para ello, es fundamental que se propicie el estímulo de la actividad empresarial y el flujo crediticio, las inversiones productivas, las políticas activas de empleo, la formación continua y, en definitiva, la dinamización del mercado laboral.

En conclusión, se trata de priorizaraquellas medidas que supongan un estímulo a la generación de puestos de trabajo.

Todo ello, sin olvidar la importancia de contar con factores esenciales como un marco político e institucional estable, que genere la confianza necesaria para garantizar seguridad jurídica y atracción de inversiones en nuestro territorio.

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