Los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) referidos a las cifras de paro difundidos hoy, continúan mostrando una tendencia favorable, como sucedía en meses anteriores, al constatarse un descenso desde las perspectivas mensual e interanual.
Según el SAE, actualmente se registran 180.429 parados en Málaga. Se produce así una disminución de 3.581 personas respecto al mes anterior.
Cabe destacar la comparativa interanual: la diferencia entre marzo de 2016 y el mismo periodo del año anterior es de 11.470 desempleados menos.
En el conjunto de Andalucía, disminuye también el número de personas demandantes de empleo (-6.543).
Respecto al ámbito nacional, se contabilizan en marzo 58.216 personas menosen paro.
Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en marzo en 7.634 personas, alcanzando los 533.553 cotizantes en la provincia. En términos interanuales, Málaga registra un incremento del 2,74 por ciento.
Los datos citados reflejan el comportamiento propio de un mes de marzo en el que confluyen la celebración de la Semana Santa, que este año ha arrojado cifras excelentes en cuanto a llegada de turistas a Málaga, con una repercusión positiva sobre la economía y el empleo de nuestra provincia, y el inicio del periodo primaveral y el buen tiempo.
Estas cifras favorables, especialmente en el registro interanual, no deben sin embargo hacernos olvidar que aún ostentamos una tasa de desempleo muy alta.
En este sentido, reiteramos la importancia de que, con el liderazgo de sectores pujantes de nuestra economía, como los servicios y especialmente el turismo, se continúe favoreciendo el desarrollo de sectores en alza como el agroalimentario o el tecnológico, auténticas apuestas de futuro para el crecimiento y la generación de empleo en nuestra provincia.
Además, es preciso que se propicie el estímulo de la actividad empresarial y el flujo crediticio, las inversiones productivas, las políticas activas de empleo, la formación continua, y en definitiva la dinamización del mercado de trabajo.
Todo ello, sin olvidar la urgencia de favorecer un marco político e institucional estable, que genere la confianza necesaria para garantizar seguridad jurídica y atracción de inversiones en nuestro país.
