Nota de prensa de APROFARMA
1º-El modelo español de oficina de farmacia, regulado, planificado y establecido con criterios sanitarios y profesionales, responde mejor a los intereses de todos los ciudadanos y garantiza con inmediatez el acceso al medicamento. Abrir la puerta a la entrada de intereses económicos, primando por encima de los sanitarios, no sería liberalización sería concentración.
2º-La normativa española no trata de regular un “mercado” sino de “prestar un servicio” y, esta normativa, está justificada por razones imperiosas de salud pública. Los que pretenden la liberalización de la oficina de farmacia, anteponen las políticas de mercado a la protección de la salud de los ciudadanos y dejan al medicamento bajo criterios de rentabilidad y no de salud.
3º- Las filosofías que abogan por una disminución de la intervención del Estado y centran el motor del progreso en la desaparición de los obstáculos que para el mercado representan los servicios públicos, generan y acrecientan las desigualdades entre los ciudadanos. Con ello, millones de ciudadanos que viven en municipios de menos de 5000 habitantes correrían el riesgo de perder la farmacia que ahora tienen cerca, y los que tienen una población inferior a 1000 habitantes, correrían el riesgo no solo de quedar sin cobertura farmacéutica sino también sin ningún establecimiento sanitario.
4º-La normativa española en materia de planificación, propiedad, apertura y cierre de oficina de farmacia, configura a la farmacia como un servicio económico de interés general, al que le impone obligaciones de servicio universal y servicio público. Los cien años de vida de este modelo y su evolución constante para adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos hacen de él un modelo testado, tanto por los españoles como por los turistas, en su mayor parte procedentes de Europa. Más de 45 millones de personas son atendidas en las farmacias españolas, sin registrarse quejas sobre el funcionamiento del servicio.
5º-La Ordenación farmacéutica en España responde al requerimiento constitucional básico de hacer realidad el derecho de todos a la salud, en condiciones de igualdad efectiva. Los modelos regulados y especialmente el español, garantizan la accesibilidad y proximidad, así como la universalidad en la prestación farmacéutica. Todos los ciudadanos españoles cuentan con una oficina de farmacia a menos de 10 minutos de su lugar de residencicia.
6º- La planificación y distribución geográfica de las farmacias en España, halogrado una magnifica capilaridad del tejido farmacéutico, con uno de los mejores ratios de habitantes/oficina de farmacia de toda la Unión Europea. Laoferta se adapta a la demanda y ello posibilita que el 99% de la población cuente con una oficina de farmacia en su municipio.
7º-El mantenimiento de la titularidad-propiedad, como derecho indivisible, en
manos del farmacéutico, tiene un fundamento de marcado interés público porque permite el control administrativo, impone obligaciones precisas e impide que principios económicos menoscaben dicho interés, minimizando hasta la práctica inexistencia los riesgos para los usuarios.
8º-La contraoferta es un sistema liberalizado, que busca la renta de localización, produce una concentración de los futuros establecimientos en las zonas más rentables, olvida el medio rural o las zonas menos atractivas económicamente y en sus grandes áreas de venta, el medicamento será un producto más y el paciente solo un cliente.
9º- Los grandes grupos de distribución necesitan crecer de forma continua para reducir sus costes administrativos y de compras, por lo que adoptan políticas de expansión horizontal y políticas de integración vertical, tomando el control de fabricación o absorbiendo la función de distribución y la población tiene que plegarse a la oferta de los grandes agentes.
10º-En un modelo liberalizado, el Estado y las Administraciones Públicas perderían el control de la gestión del medicamento en beneficio del oligopolio, que responde exclusivamente a los intereses de sus accionistas. El modelo español de farmacia y su especial sistema de gestión, garantiza transparencia y control sanitario y económico permanente por el Estado y sus Administraciones Públicas. Por otro lado, atiende al objetivo de interés público de control del precio del medicamento, actuando el Estado a tres niveles: PVL, PVF, PVP. Lo que en un sistema que financia el medicamento al 90%, resulta absolutamente esencial.
11º-La salvaguarda del interés general y la salud pública son los que inspiran la legislación farmacéutica. Y en el ámbito comunitario, el interés general y la salud pública tienen el derecho a una garantía jurídica reforzada, además de la primacíasobre los intereses de contenido exclusivamente económico
12º-No se debe olvidar que conforme al Art. 152 del Tratado de la CE y al principio de subsidiariedad, “La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades y competencias de los Estados miembros en materia de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y asistencia médica”
Asociación de Farmacias de Málaga-APROFARMA
Málaga- Enero-2013
